El TC se pronuncia acerca de realización de procesos restringidos para la estabilización del empleo temporal

El pasado 19 de marzo de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) instaba a corregir la excesiva temporalidad y a establecer consecuencias proporcionadas y disuasorias para prevenir y sancionar los abusos por parte de la Administración. No obstante, dicha sentencia del TSJUE reconocía que la Directiva 1999/70 UE no obligaba a transformar necesariamente los nombramientos temporales en indefinidos.

A raíz de la sentencia del TSJUE han sido diversos los pronunciamientos por parte de los tribunales españoles reiterando que no es posible la conversión en empleados/das fijos a quienes ostentan la condición de empleado/a temporal. A pesar de ello, hemos escuchado en muchos foros como se defendía la posibilidad que el legislador incluyese en la normativa una disposición que permitiera realizar procesos selectivos restringidos en los que tan sólo participara el temporal, no siendo estos procesos abiertos al turno libre.

Con este objetivo, el Gobierno Vasco incluyo en la disposición transitoria décima de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco el siguiente redactado:

“De existir en la categoría correspondiente del Cuerpo de Policía local un porcentaje de interinidad superior al 40% podrá incorporarse al proceso especial de consolidación de empleo, un turno diferenciado de acceso para quienes acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en la administración convocante en la categoría de la Policía local a la que pertenecen las plazas convocadas, reservando para dicho turno diferenciado de acceso hasta el 60% de las plazas ofertadas.”

Aunque esta norma fue derogada, la nueva Ley de Policía Vasca (Decreto Legislativo 1/2020, de 22 de julio) recogía en su disposición transitoria novena el mismo redactado.

En vista de dicha disposición, el Consejo de Ministros del Gobierno acordó interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la misma al considerarla no ajustada a derecho.

Recientemente se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 18 de febrero de 2021, anulando la disposición y dictando que el acceso al empleo público debe cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como respetar al artículo 61 del EBEP el cual establece:

“1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto.

(…)

“3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.”

El Tribunal Constitucional entiende que la disposición anulada, al establecer que tan sólo pueden ser valorados los méritos de quienes acrediten una antigüedad de más de 8 años, genera una distorsión en el resultado del proceso selectivo e incumple por tanto dichos principios normativos.

Por otra parte, el STC sentencia que el régimen de acceso a la función pública que establece el EBEP tiene carácter básico, de acuerdo con la Constitución Española, y que por lo tanto la legislación que desarrollen las autonomías no puede modificar aquello definido en el EBEP.

Asimismo, el Tribunal Constitucional recuerda que la adquisición de la condición de funcionario de carrera o laboral fijo en la Administración debe hacerse mediante convocatorias abiertas. Los turnos diferenciados son una excepción a dicha regla y por ello la normativa autonómica no puede regular procesos restringidos fuera de los casos concretos que establece la normativa básica.

También establece el Tribunal que, si bien es cierto que las sentencias del TSJUE instan a solucionar la elevada tasa de temporalidad en la Administración Pública española, ello no otorga la competencia al legislador autonómico para establecer una normativa que infrinja los principios constitucionales y la normativa básica de acceso a la función pública.

 

Así pues, parece que tan sólo el legislador estatal puede llegar a introducir una disposición que establezca un turno restringido como el que planteaba la Ley de policía vasca. No obstante, parece complejo puesto que ha sido el propio Ejecutivo español quien vetó a finales del año 2020 una proposición de Ley que proponía establecer un turno restringido para personal temporal con más de 10 años de antigüedad. Por otra parte, es conocido que el Ministerio de Función Pública trabaja con las CCAA y la representación sindical una modificación del texto del EBEP que tiene, entre otros objetivos la estabilización del empleo temporal.

Enlace al texto completo de la sentencia.