Recientemente el grupo de análisis y propuesta de reformas en la Administración Pública del INAP ha publicado el informe 13 propuestas para reformar la Administración del Estado en el cual han participado personas expertas en la materia como Jordi Sevilla, Elisenda Malaret, Carles Ramió, Francisco Longo, Concepción Campos, Joan Mauri, Mª Teresa Gómez, Juan Echániz y Josefa Cantero.
El informe recoge las siguientes propuestas:
- Adoptar el modelo de gestión de las agencias públicas estatales
- Gestionar por proyectos en el marco de los fondos europeos
- Profesionalización de la dirección pública
- Articular un marco adecuado de colaboración público-privada
- Evaluación de programas y políticas públicas
- Profesionalización de la contratación pública
- Gestión pública inteligente: la gobernanza del dato al servicio de las personas
- Simplificar la regulación
- Fortalecimiento del gobierno abierto e implantación de sistemas de integridad institucional
- Un nuevo modelo de empleo público para una gestión pública eficaz y responsable
- Repensar la selección como proceso crítico y estratégico
- Un modelo de carrera basado en cualificaciones profesionales
- Prevenir y corregir la alta temporalidad en el empleo público
En este artículo analizaremos las propuestas vinculadas al empleo público, es decir, aquellas recogidas en los puntos 10,11,12 y 13.
Un nuevo modelo de empleo público para una gestión pública eficaz y responsable
- Instan los autores de este informe a avanzar en el desarrollo del EBEP tanto a nivel de la AGE como en el ámbito local. En relación con la función pública local se hace especial hincapié en la amalgama de normativas que le son de aplicación, generando un marco legislativo complejo y con obligaciones idénticas para todas las corporaciones con independencia de su tamaño. Un ejemplo de ello es la obligación de constituir una Mesa General de negociación del personal funcionarial y una Mesa General de negociación de materias comunes. En este sentido se proponen 2 medidas:
En primer lugar, habilitar a las corporaciones locales para que, en ausencia de una ley de función pública autonómica, las instituciones puedan (transitoriamente) dotarse de una regulación propia que garantice la aplicación del EBEP en los siguientes puntos: establecer el régimen jurídico del personal directivo, regular la carrera profesional, concretar la estructura de las retribuciones complementarias, ordenar los puestos de trabajo, regular los procesos de provisión de puestos y de movilidad del personal de naturaleza funcionarial.
En segundo lugar, tratar de reducir la densidad legislativa estatal intentando identificar la legislación básica con la del EBEP a excepción de ciertas normativas especificas como las del personal de habilitación nacional.
- Se propone también una gestión más ágil, flexible y diversa del empleo público manteniendo el régimen funcionarial, pero reservándolo a las áreas que constituyen el núcleo técnico y profesional de las AAPP. Para el resto de situaciones se deberían definir fórmulas contractuales más flexibles vinculadas a programas, misiones, proyectos, etc.
- Por otra parte, resulta necesario planificar el relevo generacional estableciendo claramente que puestos es necesario suprimir y definiendo los nuevos perfiles profesionales a incorporar que, deberían ser titulados superiores con un alto grado de polivalencia y con competencias digitales y de gestión de la información. Para ello se propone una revisión de los instrumentos de ordenación del personal, así como una reordenación de los cuerpos y escalas para poder integrar estos nuevos perfiles competenciales.
- Finalmente, resulta imprescindible diseñar un sistema basado en la definición de las competencias que permita desarrollar la carrera profesional y la evaluación del desempeño basado en las habilidades y el rendimiento de las personas.
Repensar la selección como proceso crítico y estratégico
- Transformar los procesos selectivos resulta imprescindible para atraer talento joven e incorporar empleo altamente cualificado. Con esta finalidad, se propone una adecuación de los procesos selectivos adaptando las pruebas selectivas a las competencias requeridas para el desempeño del puesto, el establecimiento de cursos selectivos posteriores a la fase de oposición para garantizar el aprendizaje en competencias y en el puesto de trabajo, revisar las medidas especificas referidas a las personas con discapacidad, utilización de las nuevas tecnologías y revisión de los sistemas de promoción interna.
- En segundo lugar, se plantea la necesidad de profesionalizar los órganos de selección destinando perfiles de personas cualificadas al desarrollo de esta función con dedicación prioritaria o preferente a esta función.
- Por otra parte, se plantea la necesidad de garantizar la equidad en el acceso a la función pública con el objetivo que el empleo público sea accesible a todas las personas con vocación de servicio público superando las inequidades del sistema educativo, así como los sesgos crónicos sociales, económicos, territoriales o de especialización educativa.
Un modelo de carrera basado en cualificaciones profesionales
- Se plantea la necesidad de alinear la formación y la carrera en torno a un sistema de cualificaciones profesionales vinculado a las áreas funcionales de cada cuerpo y escala y a sus itinerarios profesionales.
Prevenir y corregir la alta temporalidad en el empleo público
- Resulta imprescindible reducir la temporalidad por debajo del 8% y para ello es necesario calificar el marco jurídico del empleado laboral indefinido no fijo , redefinir y acotar mejor la figura del funcionario interino, desarrollar planes de estabilización que respeten los principios constitucionales de acceso al empleo público y que a la vez sean procesos ágiles, realizar previamente una reflexión organizativa de profundo calado, utilizar el concurso – oposición para evitar problemas constitucionales de vulneración del principio de igualdad en el acceso a la función pública.