Nuestros lectores y lectoras más fieles recordaran como, en varias ocasiones, hemos hecho referencia acerca de la importancia del papel de la IA en la Administración Pública del futuro y, sobre todo, en la Administración Pública del presente. Pero, para aquellos que nos acaban de conocer, nos gustaría empezar haciendo una breve aclaración del concepto Inteligencia Artificial.
La IA hace referencia a una serie de soluciones automatizadas que reemplazan acciones que hasta el momento requerían de la Inteligencia humana. Estas soluciones permiten acelerar y facilitar el desarrollo funcional, así como mejorar la productividad y eficiencia de las instituciones en las que se implementan.
En este sentido, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha aprobado la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 como una apuesta por el desarrollo y expansión de la IA al objeto de mejorar el bienestar social y económico garantizando la inclusión, la equidad y la justicia social.
La Estrategia cuenta con 3 ejes de actuación, de entre los cuales nos gustaría hacer especial énfasis en el Eje 2, el cual responde al siguiente título: facilitar la expansión de la IA en el sector público y privado, fomentando la innovación y la ciberseguridad. En relación con dicho Eje, se establecen diferentes palancas de actuación, resultando de especial interés para nosotros la palanca número 5, centrada en impulsar la IA en el sector público.
La materialización de la palanca 5 en actuaciones concretas pretende conseguir 2 objetivos:
- El primero, orientado a la mejora de los servicios públicos. Mayor calidad del servicio y mejora de la comunicación de la ciudadanía con la Administración puesto que el ciudadano/a puede elegir el canal por el que se relaciona lo que implica la reducción de las brechas de acceso.
- El segundo, centrado en la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Mejora de las herramientas e instrumentos con los que el personal del Sector Público desarrolla sus funciones y tareas con el objetivo de mejorar la productividad y eficiencia del servicio.
Para ello, se pone en marcha un laboratorio de innovación que centralizará las pruebas piloto en materia de IA que se lleven a cabo por la Administración General del Estado.
Paralelamente a dicho Eje 2, el Sector Público se pone también otros “deberes”, los recogidos en el Eje 3: Desarrollar una IA transparente, responsable y humanística, centrado en garantizar el desarrollo de sistemas de IA respetuosos con las normativas y los derechos humanos, así como con los principios de igualdad y no discriminación.
En este sentido, y para facilitar la actuación de las AAPP en la implementación de la IA, se establece una escala de clasificación de los sistemas de IA según su riesgo:
- Sistemas de IA de riesgo inaceptable para los que se prohíbe el uso de sistemas de IA: manipulación cognitiva, categorización biométrica, vigilancia policial predictiva, etc.
- Sistemas de IA de Alto Riesgo donde éstos pueden conducir a un riesgo significativo para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales: acceso a seguros de vida y salud, identificación biométrica, dispositivos médicos autónomos, etc.
- Sistemas de IA con obligaciones de transparencia especificas: generación de contenidos automáticos, interacción y atención con el cliente, uso de bots, etc.
- Sistemas de IA de riesgo mínimo o inexistentes, permitidos y sin restricciones: aplicaciones de mantenimiento predictivo vinculados al análisis de datos, a la detección anticipada de errores y fallos en las herramientas y maquinaria, etc.
Asimismo, se plantea la necesidad de desarrollo de mecanismos de supervisión y, en su caso, sanción de los sistemas de IA de acuerdo con lo definido en la normativa europea la cual se deberá completar con el desarrollo de normativa de carácter estatal.
Tras el estudio de dicho informe se nos plantean diferentes dudas:
- ¿Servirá este compromiso estatal para que el uso de la IA se generalice en el Sector Público?
- ¿Verán los ciudadanos una mejora de los servicios públicos o tendrán que enfrentarse ante las mismas trabas burocráticas?
- ¿Supondrá para los empleados públicos un catalizador de las nuevas formas de trabajar?
- ¿Implicará (como muchos vaticinan) la destrucción y/o reconversión de la figura del “funcionario”?
Tan sólo el tiempo podrá dar respuesta a todas estas preguntas, pero por ahora, debemos alegrarnos por poder, al fin, contar con una Estrategia definida, una hoja de ruta que nos marca una dirección clara y nos permite avanzar de forma coordinada y supervisada.