El Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía firmado entre el Gobierno de España y algunas de las organizaciones sindicales más representativas establece una estrategia integral diseñada para reforzar el sector público, mejorar las condiciones de empleo y garantizar un servicio a la ciudadanía alineado con los estándares actuales de calidad, accesibilidad y seguridad. El texto configura un conjunto de reformas orientadas a consolidar un modelo de gestión pública más eficiente, tecnológicamente actualizado y coherente con los principios de igualdad, mérito, capacidad y estabilidad.
Una de las medidas con mayor impacto estructural es la desaparición de la tasa de reposición, un mecanismo que durante años ha limitado la capacidad de las Administraciones para ampliar sus plantillas. Su eliminación supone superar un enfoque restrictivo y permite avanzar hacia un modelo de planificación estratégica en el que las ofertas de empleo público puedan definirse mediante análisis funcionales, proyecciones de carga de trabajo y diagnósticos organizativos. Este cambio, bien utilizado, habilita a las Administraciones para recuperar capacidades técnicas y operativas, corregir déficits de personal acumulados, rejuvenecer plantillas y reducir la dependencia de la temporalidad estructural. Asimismo, permite que otras líneas estratégicas del acuerdo —como la digitalización, la profesionalización de los procesos selectivos o el fortalecimiento de servicios críticos— puedan desplegarse con coherencia, dado que requieren contar con dotaciones de personal suficientes, estables y cualificadas.
Desde una perspectiva retributiva, el acuerdo fija además una trayectoria salarial plurianual que incorpora un incremento del 2,5% en este 2025, un 2% en 2026, parcialmente vinculado a la evolución del IPC, y un aumento consolidable del 4,5% en 2027 y un 2% en el 2028. Esta planificación pretende proteger el poder adquisitivo del personal y asegurar que el empleo público mantenga niveles competitivos de atracción y retención de talento. Paralelamente, el acuerdo reafirma el objetivo de seguir reduciendo la temporalidad mediante mecanismos de estabilización y de provisión ordinaria que refuercen la solidez operativa de los servicios públicos.
En el ámbito de la selección y provisión, el acuerdo plantea una reforma en profundidad orientada a modernizar el acceso a la función pública. Se prevé la adaptación de procesos, temarios, pruebas y órganos de selección a modelos competenciales más acordes con el contexto real actual. Ello incluye la identificación de nuevas capacidades técnicas y transversales, la creación de itinerarios de carrera que faciliten la promoción interna y la movilidad, así como la planificación de ofertas de empleo público ajustadas a la demanda efectiva de los servicios. Con ello, se pretende garantizar que los procesos selectivos sean más ágiles, eficientes y alineados con el perfil profesional que requieren las Administraciones del siglo XXI.
El acuerdo incorpora también una línea de actuación focalizada en la mejora de la atención a la ciudadanía, con el propósito de reforzar tanto la atención presencial como los servicios telemáticos. Esto implica la simplificación de procedimientos, el refuerzo de las oficinas de atención directa y el despliegue de soluciones tecnológicas que permitan reducir cargas administrativas y ofrecer trámites más accesibles, rápidos y personalizados. El objetivo es que la experiencia ciudadana con la Administración mejore de manera tangible, incrementando la eficiencia y la percepción de calidad del servicio.
En materia de igualdad y no discriminación, el acuerdo consolida el compromiso de las Administraciones Públicas con la equidad, integrando medidas para la eliminación de brechas salariales, la prevención de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación —incluyendo aquellas relacionadas con la identidad sexual o la discapacidad— y el establecimiento de entornos laborales seguros, respetuosos e inclusivos. Este marco se articula mediante protocolos homogéneos, acciones formativas y mecanismos de seguimiento que garanticen la aplicación real y efectiva de estos principios.
El bienestar laboral y la conciliación se abordan como dimensiones esenciales del modelo de empleo público, planteándose iniciativas destinadas a mejorar la organización del trabajo, reforzar la prevención de riesgos y atender situaciones de vulnerabilidad que requieren ajustes del puesto o del entorno laboral. La finalidad es fomentar un clima organizativo saludable y sostenible, que incremente la motivación del personal y apoye la continuidad del talento dentro de las organizaciones públicas.
La dimensión digital del acuerdo constituye otro de sus pilares estratégicos. Se despliega un plan de capacitación orientado a dotar al personal público de competencias digitales básicas y avanzadas, incluyendo capacidades en inteligencia artificial, análisis de datos y uso de herramientas tecnológicas para la automatización y la optimización de procesos. Estas actuaciones buscan garantizar que la transición digital de las Administraciones sea homogénea, segura y capaz de evitar brechas internas que puedan comprometer la eficiencia o la equidad entre profesionales.
Como instrumento de gobernanza, el acuerdo contempla la creación de un Observatorio del Empleo Público encargado de analizar datos, identificar necesidades de personal, anticipar tendencias y proporcionar soporte técnico para la toma de decisiones estratégicas. Este organismo tendrá un papel clave en la planificación a medio y largo plazo, contribuyendo a una gestión más informada y consistente de los recursos humanos del sector público.
Así pues, el acuerdo constituye una hoja de ruta ambiciosa que combina, medidas de impacto inmediato con transformaciones estructurales a desarrollar a medio y largo plazo. Todas ellas orientadas a modernizar la función pública, fortalecer la calidad del empleo y consolidar un modelo de servicio a la ciudadanía adaptado a los desafíos tecnológicos, sociales y organizativos de la próxima década.
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