De acuerdo con los últimos estudios (E. Rando, 2023) podríamos visualizar la transformación de la Administración “analógica” a la Administración del siglo XXI en 3 fases:
- Administración electrónica: Supone la gestión burocrática a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) generando una reducción de los plazos, costes y cargas administrativas, así como una mayor eficacia, eficiencia y transparencia en la actuación administrativa.
- Administración digital: Hace referencia a un escenario más amplio en el cual la Administración se adecua a la nueva realidad social consiguiendo incidir en los diferentes ámbitos de la sociedad. Esto implica ofrecer servicios digitales, accesibles, eficientes, seguros y fiables, diseñar y ejecutar políticas públicas basadas en la gestión de los datos y la democratización del acceso a las tecnologías
- Administración Inteligencia Artificial (IA): Implica la utilización de la IA en la prestación de los servicios públicos tal y como ya se está haciendo en otros ámbitos productivos de nuestra sociedad.
Si nos centramos en esta última fase encontramos ya algunos ejemplos del uso de la IA en algunas Administraciones Públicas:
- Gobierno de Aragón: en colaboración con la Dirección General de Tributos y el Instituto Tecnológico de Aragón, ha desarrollado una IA que se encarga del análisis automático de textos en escrituras y del cruce de datos siendo capaz de crear alertas en caso de detectar posibles casos de fraude fiscal.
- Ayuntamiento de Alicante: gracias a la financiación ofrecida por los Fondos Next Generation, ha creado “ALI” un asistente virtual de uso en todo tipo de dispositivos encargado de atender e informar a la ciudadanía consiguiendo agilizar la relación ciudadano-administración y una mayor eficiencia en el servicio público.
- Policía Nacional: utiliza desde hace años un sistema de IA que detecta denuncias falsas a través del análisis y estudio de las expresiones y palabras utilizadas por las personas denunciantes en su escrito de denuncia.
- Ayuntamiento de Valencia: dentro del proyecto IMPROVE, ha desarrollado un sistema de IA que puede atender y conversar con las víctimas de violencia de género ofreciéndoles asesoramiento, orientación, recursos, etc.
- Ayuntamiento de Salamanca: ha desarrollado un robot encargado de recopilar las solicitudes de ayudas al tejido empresarial presentadas por la ciudadanía, transferirlas y archivarlas creando los correspondientes expedientes administrativos dentro del gestor de expedientes del Ayuntamiento. El robot también es capaz de detectar la información necesaria para cada trámite y de requerirla a la persona solicitante.
- Ayuntamiento de Barcelona: en colaboración con la Fundación Mobile World Capital, ha creado “ARI” un asistente dedicado a atender a personas mayores de 65 que viven solas. ARI es un robot de aproximadamente 1 metro de altura y 12 kg de peso que se desplaza de forma autónoma por la casa interactuando con la persona usuaria a través de conversaciones sencillas.
- Hospital Clínic de Barcelona: el Hospital cuenta con el robot Hugo, una solución de cirugía asistida por robot en tejidos blandos que consiste en una plataforma modular de fácil maniobrabilidad y precisión quirúrgica con visión 3D de alta definición. Con Hugo, el equipo médico pretende llevar a cabo un mayor número de cirugías, con un procedimiento mucho menos invasivo para el/la paciente y con un menor coste para el Hospital.
El ritmo al que avanza la innovación tecnológica es abrumador, pero no por ello la Administración debe permanecer al margen de las nuevas tecnologías y de los cambios, mejoras y retos que estas generan en nuestras sociedades. De hecho, resulta imprescindible que la Administración asuma el liderazgo en las mismas, haciendo uso de las potencialidades que ofrecen, pero también gestionando y atacando las disfunciones y controversias que se puedan producir.
A día de hoy, una de las cuestiones que mayor preocupación genera es la relación entre el uso de la IA y el pleno respeto a los derechos de la ciudadanía. En este sentido, la Unión Europea (Estrategia Europea IA) plantea que los Estados deben garantizar que la IA se centre en ofrecer un servicio fiable y orientado hacia las personas, protegido frente amenazas cibernéticas, respetuoso con los derechos y la privacidad de los datos, responsable jurídicamente y encaminado hacia la mejora de la salud, el medio ambiente, la movilidad, el servicio público, la competitividad, innovación, etc.
Así pues, son muchos los retos que la Administración debe asumir para colocarse en el centro del debate social y tecnológico. Acercar los servicios públicos a las demandas, necesidades y realidades del siglo XXI y dar respuesta a los dilemas que se plantean en un mundo cada vez más complejo, que se transforma rápidamente y que no parece parase a esperar a los más rezagados.